Con solo 78 palabras, la UE intenta “hacer la vista gorda” ante la criminalización de la ideología comunista por parte del gobierno checo, con penas de hasta cinco años de cárcel, y ante las correspondientes persecuciones en Polonia, los países bálticos y otros lugares.

La respuesta del comisario de Justicia, McGrath, a la pregunta presentada por el eurodiputado del KKE Kostas Papadakis, confirma una vez más que la “fábrica” de persecuciones anticomunistas, prohibiciones y restricciones al funcionamiento y la acción de los partidos comunistas, de una u otra forma, en al menos un tercio de los países de la UE, no solo se lleva a cabo con la tolerancia, sino también con el apoyo las directrices de la alianza imperialista de la UE, cuyo dogma e ideología oficiales son el anticomunismo.

Como afirma abiertamente el comisario, la persecución de los comunistas y las leyes anticomunistas son una cuestión de “competencia de los Estados miembros”, siempre que se respeten determinados artículos del Tratado de la Unión Europea. Estos criterios, evidentemente, cumple la maniobra concreta del gobierno checo en lo que respecta a las normas de la Unión Europea, al igual que todas las persecuciones correspondientes por parte de los gobiernos de otros países de la UE.

En un momento en el que se está llevando a cabo una auténtica “caza de brujas” contra comunistas y otros activistas, la UE se desenmascara una vez más como supuesta defensora de los derechos democráticos y humanos, o del llamado “Estado de derecho”, revelando cuál es el verdadero objetivo de fabricaciones ideológicas y prácticas anticomunistas sin fundamento histórico y peligrosas que la UE promueve de forma sistemática y continua, especialmente en condiciones de preparación bélica generalizada.

Sin embargo, por muchas medidas que tomen, no impedirán la lucha de los pueblos, con los comunistas a la vanguardia, contra el sistema históricamente anticuado de la explotación, las guerras imperialistas y la opresión, por la única salida progresista en el siglo XXI: el paso revolucionario al socialismo-comunismo.

A continuación se incluyen los textos de la pregunta del eurodiputado del  KKE y la respuesta de la Comisión Europea:

Pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión

“El gobierno de Fiala en la República Checa, con el respaldo de la UE, cuya ideología oficial es el anticomunismo, ha promovido cambios despreciables en el código penal, según los cuales se penaliza el apoyo a la ideología comunista, equiparándola al nazismo, y se castiga con penas de prisión de hasta 5 años. La disposición abre la puerta a peligrosos acontecimientos, como la prohibición del Partido Comunista y de la actividad de los comunistas en la República Checa.

Esta inaceptable maniobra se basa en la peligrosa teoría de los dos extremos y en la ideología anti-histórica que equipara el fascismo, que es un producto del sistema capitalista, con el socialismo-comunismo.

Tales medidas contribuyen a la escalada del ataque antipopular contra los derechos del pueblo, en un período en el que se intensifican los preparativos bélicos.

¿Cuál es la posición de la Comisión Europea, que invoca en cada ocasión el llamado “Estado de derecho” y los “derechos humanos”:

1. en relación con la inaceptable criminalización del derecho a la libre expresión política y a la acción de los comunistas, pero también del pueblo, que se está convirtiendo en una auténtica “caza de brujas” tanto en la República Checa como en un tercio de los países de la UE?

2. sobre la petición de que se ponga fin de inmediato a todas las persecuciones contra los comunistas y se deroguen todas las leyes anticomunistas que prohíben la actividad de los partidos comunistas y que constituyen una privación de las libertades fundamentales del pueblo en la República Checa, en Polonia, en los países bálticos o en otros Estados miembros de la UE?”.

Respuesta de McGrath en nombre de la Comisión Europea

“La organización y regulación de las políticas nacionales y de los partidos políticos son competencia exclusiva de los Estados miembros. Sin perjuicio del cumplimiento de determinados principios básicos, como los establecidos en los artículos 2 y 10 del Tratado de la Unión Europea y sus compromisos internacionales corresponde a los Estados miembros establecer normas específicas a estos ámbitos, y a las autoridades administrativas y judiciales nacionales competentes garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable.” 

04.11.2025