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COMUNICADO DEL BURÓ POLÍTICO DEL CC DEL KKE

Que se retire ya el despreciable proyecto de ley sobre las manifestaciones

El KKE llama al pueblo a un levantamiento popular masivo para que se retire ya el proyecto de ley del gobierno de la ND, que busca restringir el derecho a la movilización obrera popular, que fue conquistado con luchas sangrientas.

La afirmación del gobierno de que con el proyecto de ley “pone las cosas en orden” para que no sufra el pueblo a causa de manifestaciones de “pequeños grupos”, no es más que una cortina de humo. En realidad, con estas regulaciones, se pone en el punto de mira cualquier protesta popular. Los problemas de transporte, los retrasos y la escasez de rutas de los medios de transporte, la falta de clientela en las tiendas no es por culpa de las manifestaciones sino de la mismísima política antipopular que aumenta los problemas del pueblo y le hace salir por las calles para reclamar sus derechos.

El proyecto de ley es un eslabón importante en la cadena de las medidas de intensificación del terrorismo estatal, del autoritarismo y de la represión promovidos por todos los gobiernos anteriores -y el gobierno actual avanza aún más- para apoyar el ataque del capital a expensas de las necesidades obreras populares.

Esta monstruosidad legislativa deja claro que apunta contra cualquier ideología y acción progresista y radical puesto que prevéla creación de una “Dirección de Prevención de la Violencia” en el Ministerio de Protección Civil, con el fin de confrontar la “ideología de la violencia”, “prevenir diversas formas y expresiones de la violencia como son la radicalización y el extremismo violento, la violencia doméstica y de género, etc.” Es decir, conscientemente, se equiparan el radicalismo y la política de oposición a la dictadura del capital con formas de violencia existentes (como son la violencia doméstica, la violencia escolar, etc.).

Sin embargo, no se trata de algo “original” de parte del gobierno de la ND. Justo hace seis meses, la UE, en su informe, señaló explícitamente las “protestas populares” como peligro para la seguridad. La criminalización del radicalismo -y por consiguiente de la ideología y el accionar comunista- es la política oficial de la UE. Todos estos años, la UE supuestamente en el nombre de combatir el “terrorismo” está ampliandoconstantemente su contenido con toda ideología y práctica radical y subversiva, tratando la “radicalización” y el “extremismo” como fuentes principales de “terrorismo”. Además, el esfuerzo, al mismo tiempo, de equiparar el nazismo con el comunismo, en el nombre del “totalitarismo”, demuestra que apunta contra la ideología y la actividad comunista y se dirige al derrocamiento de un sistema que está podrido y bárbaro.

El proyecto de ley busca calumniar las luchas populares y prohibir y restringir todas las movilizaciones, a través de disposiciones “flexibles” que serán interpretadas por las autoridades y los demás mecanismos de represión. Su objetivo es manipular las conciencias, especialmente de los jóvenes, presentando la participación en las movilizaciones como algo potencialmente “criminal” y “peligroso”.

  • Introduce restricciones reaccionarias provocativas, más allá incluso de las establecidas por la propia Constitución burguesa. El proyecto de ley estipula lugares (como por ejemplo servicios públicos, ministerios, etc.) donde las concentraciones están prohibidas, mientras que es posible que se prohíban en otros casos, como cuando se llevan a cabo sin previo aviso a las autoridades o si los manifestantes no cumplen con las restricciones.
  • Avanza no solo a la prohibición y la restricción de las manifestaciones, sino también de las concentraciones en general. De hecho, reconoce la posibilidad de que se realicen reuniones públicas espontáneas solo para  acontecimientos de “importancia social”, que es una condición previa que se puede interpretar de manera arbitraria.
  • Encarga la policía con super-poderes y amplía el papel represivo de la Guardia costera, ya que legitima su utilización contra las movilizaciones obreras-populares.
  • Convierte en delito per se la participación en una concentración-protesta prohibida.
  • Introduce prohibiciones según el “propósito” de la concentración, en combinación con la estimación del número de participantes. Respectivamente, impone restricciones de precaución, incluso en violación de los principios más básicos del código penal, estableciendo que la autoridad policial puede tomar medidas incluso en caso de actos criminales “que se considera muy probable que se iban a cometer”.
  • Permite que se decida la prohibición de una concentración hasta el último momento, dado que no hay un cronograma claro para que se anunicie por el organizador, ni un período claro para que la autoridad policial informe si una concentración está prohibida o no. Por otro lado, en la notificación obligatoria por las autoridades, se requierenlos datos de identidad del organizador y una previsión del inicio, del fin y de la ruta de la movilización.
  • Allana el camino para acciones provocativas, elementos que pueden provocar incidentes en una concentración para disolverla o destruir financieramente entidades, sindicatos, etc. que la organizan y que -según el proyecto de ley- asumen responsabilidad objetiva por las acciones de tales provocadores, mientras que es un “secreto común” de que ellos son directamente dirigidos por mecanismos estatales y “paraestatales”.

La propaganda del gobierno que se está desarrollando durante los últimos días, según la cual supuestamente el proyecto de ley reaccionario y sus disposiciones “no conciernen las marchas y manifestaciones  organizadas y protegidas” del movimiento clasista, apuntan a echar polvo a los ojos de la clase obrera, de todas las personas progresistas. Las décadas de experiencia del movimiento  obrero-popular demuestran que el objetivo principal de tales medidas represivas autoritarias es el propio movimiento de la clase obrera, el movimiento comunista, a pesar de que se sigue una cierta escalada hasta su implementación final.

Sin embargo, este movimiento al final derrocará definitiva e irrevocablemente estas prácticas reaccionarias y estas leyes antipopulares.

SYRIZA, mientras acusa el gobierno de la ND de prácticas antidemocráticas, tiene gran parte de responsabilidad puesto que como gobierno siguió prácticas similares. Sigue vigente la miserable  disposición que prohíbe las movilizaciones contra las subastas, que fue establecido por el gobierno de SYRIZA como delito per se. Pero, sobre todo, SYRIZA es responsable porque lleva ”agua al molino” de la teoría sobre “minorías que generanincomodidad”, sobre la cual se basó el gobierno de la ND para su ley con el fin de restringirel derecho de huelga, mientras que negó abolir las leyes contra el terrorismo, como ha sugerido el KKE repetidamente, que son la matriz de regulaciones legislativas acerca de la violencia “radical”.

El proyecto de ley que se presenta a solicitud del capital, es una confesión del gobierno de la escalada de la política antipopular y actúa como precaución contra el movimiento obrero-popular. Sin embargo, el gobierno se engaña profundamente y carece de conocimiento histórico si cree que esta monstruosidad se implementará en la práctica y se legitimará en la conciencia del pueblo y de los jóvenes.

El pueblo con su lucha y con la “indisciplina organizada” no “cumplirá con las instrucciones”. Las anulará en la práctica, como lo ha hecho con leyes similares en el pasado.

1 de julio de 2020